Ricardo Bazla sobre la contratación del Estudio de Filomena: “Hay una incompatibilidad, pero lo más grave es la conducta asumida por el Superior Tribunal”

“Por naturaleza hay una incompatibilidad, pero lo más grave, es la conducta asumida por el Superior Tribunal porque si alguien debe garantizar la calidad y el precio en las contrataciones públicas es precisamente la Justicia”, expresó Ricardo Bazla en declaraciones a La Mañana de Dimensión.

En esos términos se refirió el abogado sobre la decisión de contratar el estudio jurídico del ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Fabián Filomena para la ejecución de tasas y multas.

El letrado aseguró que existe una contradicción “muy fuerte” en la medida. “Indudablemente hay una situación extremadamente delicada en el ámbito de nuestro Poder Judicial en cuanto a la falta de cumplimiento de la ley y lo que establece el derecho administrativo en términos particulares”, sostuvo.

Bazla explicó que, para llevar adelante la contratación, se tendría que haber aplicado el principio de concurrencia, es decir, haber permitido que participen otros estudios jurídicos de la licitación para garantizar una mayor calidad al mejor precio.

“Ahora ocurre que al no haber un llamado es como si se contratara de manera exclusiva a alguien que únicamente puede prestar ese servicio", dijo.

El dirigente se basó en uno de los incisos del artículo 100 de la Ley de Contabilidad provincial el cual establece los casos en que se puede convenir de forma directa, como cuando una persona o empresa presta ese servicio y no hay otro que le haga competencia, ningún oferente se presentó o no cumplieron con las exigencias del pliego.

“La realidad es que no hay un solo estudio jurídico en la provincia, probablemente estemos en el orden de los 4 mil o 5 mil. Por eso, el Superior Tribunal incurre en la violación de principios elementales del derecho administrativo en no garantizar la transparencia de la contratación”, sostuvo.

El 17 de septiembre de 2020 se firmó el Acuerdo N° 442 que autorizaba al bufete a ocuparse de la ejecución.

“Habrá que ver cuáles son los términos de la contratación, el tiempo y cómo van tramitando los procesos de ejecución. Se podría hacer alguna presentación judicial en ese sentido, pero tendrán que intervenir jueces que efectivamente apliquen los principios de independencia e imparcialidad”, planteó.

Designación de los 30 fiscales y defensores

Bazla calificó al nombramiento discrecional de funcionarios en la Justicia como un “atropello al sentido común”.

“Estamos a tiempo de que haya un grado de razonabilidad, que se apliquen criterios justos y se respete a la ciudadanía. Y los abogados convocados a prestar juramento, podrían tomar la decisión de no hacerlo, porque no esto no solo responsabilidad del Superior Tribunal sino también individual de cada una de las personas que se presenta sabiendo que no ha cumplido las condiciones exigidas por la ley”.

“Estas son las deformaciones del sistema democrático que padecemos desde hace mucho tiempo en San Luis. Cuando hacemos referencia a que vivimos en una democracia incompleta, esto forma parte de eso, porque se concentra el poder público en una sola persona. Desvirtuaron y transformaron esto en un régimen de gobierno plenamente autoritario”, cerró.